viernes, 13 de septiembre de 2013

“CROMAÑÓN”: LA REPÚBLICA DE LOS “PROGRESISTAS”…




Entrevista al Dr. Atilio Alvarez, Defensor de Menores de la Capital Federal

Revista Panorama católico Internacional Nº 38
 Febrero-Marzo de 2005.


Panorama Católico Interna­cional: Dr. Alvarez, el incen­dio de Cromañon ¿fue un simple accidente imprevisi­ble, el producto de la viola­ción de la normativa de segu­ridad por parte de un empre­sario inescrupuloso, o un efecto esperable de la inoperancia de los sistemas de con­trol del Estado?
Dr. Atilio Alvarez: La masacre de Cromañón es el fruto de graves negligencias por parte del estado y de los empresarios, que nacen de sobreponer el afán de lucro a la seguridad y la vida de las personas. Una sociedad que en su escala de valores coloca al dinero por sobre la vida, prepara el camino para ésta y otras matanzas.
No fue un accidente imprevisible, pues no solamente el resultado era claramente representable, sino que en anteriores ocasiones ya había habido conatos de incendio. El hacinamiento por encima del número de personas autorizado por reglamentación y habilitación era conducta habitual. La corrupción instalada en los organismos de control, según denunció el legislador Peña durante la interpelación del 28 de enero -sin respuesta válida por parte del Jefe de Gobierno— permite entender el descontrol en esa y otras áreas. Cromañón no estaba en condiciones de funcionar. Solo la corrupción explica que existiera. Un testimonio que circula en la web indica problemas anteriores.
PCI: A su juicio, ¿cuál debería haber sido la conducta del Jefe de Gobierno, Dr. Ibarra frente a estos hechos?
Dr. Atilio Alvarez: Perso­nalmente creo que tuvo que haber tenido una intervención más directa y activa desde el primer momento. Y no eludir la responsabilidad de los orga­nismos bajo su conducción. Una carta abierta de algunos voluntarios señala esta actitud.
PCI: ¿Por qué se hizo presen­te Ud. en el lugar y no la De­fensora de Menores de la Ciudad de Buenos Aires?
Dr. Atilio Alvarez: Estaba mi defensoría de turno hasta el 31 de diciembre a las trece y treinta. La investigación de hechos delictivos es compe­tencia de los juzgados nacionales, como así también las acciones de reparación civil anexas a esas causas. Por ello resulta competente el Ministerio Público de la Nación Si fueran acciones ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la ciudad, intervendría la Asesoría tutelar del Gobierno Autónomo.
No aconsejo de ninguna manera que las acciones se entablen ante ese fuero, no por la capacidad y probidad de sus jueces (que han dado en algunas instancias prueba evidente de ello), sino porque condenarían a los demandantes a una triple instancia ante los tribunales del demandado, y luego al recurso extraordinario ante la Corte, sostenido sin dudas por la Procuradora de la ciudad, que se ha mostrado como activa asesora del Jefe de Gobierno en la interpelación del viernes 28 de enero.
PCI: ¿Qué organismo estatal debe asumir las responsabili­dades?
Dr. Atilio Alvarez: El Go­bierno Autónomo de la Ciu­dad de Buenos Aires, con toda seguridad en un principio. De la investigación judicial po­drán surgir otras responsabili­dades. El Gobierno Autóno­mo de la Ciudad de Buenos Aires (mal llamada ciudad au­tónoma de Buenos Aires), a fuerza de querer impostar la situación de una nueva provin­cia (el principado autónomo progresista de Buenos Aires o la antigua provincia rivadaviana) dejó de cumplir las ele­mentales funciones municipa­les. Hoy los porteños no tenemos municipio, pero sí leyes locales que pretenden super­ponerse a las leyes de fondo.
PCI: Más allá de las deficiencias de seguridad, ¿qué otras anomalías reglamentarias, transgresiones a las leyes de minoridad o actos delictivos son frecuentes en estos lugares?
Dr. Atilio Alvarez: Cuando el control es entregado a manos corruptas, u orquestado con las cámaras corporativas de los mismos controlados, todos los reglamentos, y no uno, pueden ser violados. El horario de ingresos de los menores, la duración de las actuaciones, el expendio de bebidas, la salubridad de los sanitarios en tiempos de pestes. Sin control, el afán de lucro y la Idolatría del Desorden hacen que la transgresión sea la norma.
PCI: ¿Cómo ve el mismo problema en el ámbito hispanoamericano, el europeo y el estadounidense?
Dr. Atilio Alvarez: En Latinoamérica el panorama es similar. El tiempo libre de nuestros jóvenes ha pasado a ser objeto de un mercado, a veces marginal, que para lucrar necesita amontonar en número mayor al posible y rebajar todas la calidades de atención al público, tratado como ganado desde la misma entrada de los locales. El alcohol, la droga y la violencia, a veces ejercida por los mismos custodios privados, es el común denominador.
Los Estados Unidos tuvieron, en febrero de 2003, la tragedia de la disco “The Station”, de West Warwick, Rhode Island, y actualizaron durísimamente todas las normas de seguridad. La cumplen y las hacen cumplir.
PCI: Oímos hablar permanentemente de los derechos del niño, inclusive hay un inciso en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que “garantiza” la seguridad de los menores. ¿Cree Ud. que es posible “garantizar” la seguridad? En todo caso, de toda esta literatura sobre derechos de los menores, ¿cuánto se lleva a la práctica y con qué efectividad?
Dr. Atilio Alvarez: Todas esas normas quedaron en mera declamación, al carecer de conductas operativas en consecuencia. Es como si una ley, votada por unanimidad dijera "Todos los niños tiene derecho a ser felices”, y nada más se hiciera por ellos. El carácter hueco de estas declamaciones legislativas ha quedado en evidencia, en este caso, por el sintomático silencio guardado por las personas y organismos habitualmente recitadores de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y adolescentas. ¿Acaso no lo eran los muertos y heridos? El primer cadáver que encontré en la Morgue esa mañana era de una niñita de ocho años. ¿No regía para ella la Convención sobre los Derechos del Niño?
PCI: Las familias de las víctimas ¿tienen derecho a una indemnización? En tal caso, ¿quién debe hacerse cargo de los costos que éstas supongan?
Dr. Atilio Alvarez:     Los demandados serán todos los responsables, por acción u omisión. A las ocho de la mañana del treinta y uno entregué en Comisaría al Sr. Fiscal el pedido de inhibición general de bienes de todos, incluyendo las eventuales aseguradoras. El lunes a primera hora hábil lo reiteré ante la Sra. Jueza.
Por la magnitud del daño (cerca de doscientas muertes en plena juventud y ochocientos afectados en distinto grado) las indemnizaciones y costas rondarán los doscientos millones de pesos, que pagaremos con los impuestos.
Hay que estar atentos a esto en los próximos presupuestos municipales, que incrementarán alguna exacción a los ciudadanos para pagar la desidia de los funcionarios. Lo correcto es que los pagos sean realizados con economías en gastos inútiles de otras áreas.
Por ejemplo: el primer renunciante, y primer responsable, Subsecretario López, se dedicó a organizar la guardia urbana, suerte de milicia autonómica progresista, y a uniformarla coquetamente de verde y negro. Desmontando ese mamarracho se podrían pagar las indemnizaciones en algunos ejercicios.