Entrevista al Dr. Atilio
Alvarez, Defensor de Menores de la Capital Federal
Revista
Panorama católico Internacional Nº 38
Febrero-Marzo de 2005.
Panorama Católico
Internacional: Dr. Alvarez, el incendio de Cromañon ¿fue un simple accidente
imprevisible, el producto de la violación de la normativa de seguridad por
parte de un empresario inescrupuloso, o un efecto esperable de la inoperancia
de los sistemas de control del Estado?
Dr.
Atilio Alvarez: La masacre de Cromañón es el fruto de graves negligencias por
parte del estado y de los empresarios, que nacen de sobreponer el afán de lucro
a la seguridad y la vida de las personas. Una sociedad que en su escala de
valores coloca al dinero por sobre la vida, prepara el camino para ésta y otras
matanzas.
No
fue un accidente imprevisible, pues no solamente el resultado era claramente representable,
sino que en anteriores ocasiones ya había habido conatos de incendio. El
hacinamiento por encima del número de personas autorizado por reglamentación y
habilitación era conducta habitual. La corrupción instalada en los organismos
de control, según denunció el legislador Peña durante la interpelación del 28
de enero -sin respuesta válida por parte del Jefe de Gobierno— permite entender
el descontrol en esa y otras áreas. Cromañón no estaba en condiciones de
funcionar. Solo la corrupción explica que existiera. Un testimonio que circula
en la web indica problemas anteriores.
PCI: A su juicio, ¿cuál
debería haber sido la conducta del Jefe de Gobierno, Dr. Ibarra frente a estos
hechos?
Dr.
Atilio Alvarez: Personalmente creo que tuvo que haber tenido una intervención
más directa y activa desde el primer momento. Y no eludir la responsabilidad de
los organismos bajo su conducción. Una carta abierta de algunos voluntarios
señala esta actitud.
PCI: ¿Por qué se hizo
presente Ud. en el lugar y no la Defensora de Menores de la Ciudad de Buenos
Aires?
Dr.
Atilio Alvarez: Estaba mi defensoría de turno hasta el 31 de diciembre a las
trece y treinta. La investigación de hechos delictivos es competencia de los
juzgados nacionales, como así también las acciones de reparación civil anexas a
esas causas. Por ello resulta competente el Ministerio Público de la Nación Si
fueran acciones ante el fuero contencioso administrativo y tributario de la
ciudad, intervendría la Asesoría tutelar del Gobierno Autónomo.
No
aconsejo de ninguna manera que las acciones se entablen ante ese fuero, no por
la capacidad y probidad de sus jueces (que han dado en algunas instancias
prueba evidente de ello), sino porque condenarían a los demandantes a una
triple instancia ante los tribunales del demandado, y luego al recurso
extraordinario ante la Corte, sostenido sin dudas por la Procuradora de la ciudad,
que se ha mostrado como activa asesora del Jefe de Gobierno en la interpelación
del viernes 28 de enero.
PCI: ¿Qué organismo
estatal debe asumir las responsabilidades?
Dr.
Atilio Alvarez: El Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, con toda
seguridad en un principio. De la investigación judicial podrán surgir otras
responsabilidades. El Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires (mal
llamada ciudad autónoma de Buenos Aires), a fuerza de querer impostar la
situación de una nueva provincia (el principado autónomo progresista de Buenos
Aires o la antigua provincia rivadaviana) dejó de cumplir las elementales
funciones municipales. Hoy los porteños no tenemos municipio, pero sí leyes
locales que pretenden superponerse a las leyes de fondo.
PCI: Más allá de las
deficiencias de seguridad, ¿qué otras anomalías reglamentarias, transgresiones
a las leyes de minoridad o actos delictivos son frecuentes en estos lugares?
Dr.
Atilio Alvarez: Cuando el control es entregado a manos corruptas, u orquestado con
las cámaras corporativas de los mismos controlados, todos los reglamentos, y no
uno, pueden ser violados. El horario de ingresos de los menores, la duración de
las actuaciones, el expendio de bebidas, la salubridad de los sanitarios en
tiempos de pestes. Sin control, el afán de lucro y la Idolatría del Desorden hacen que la transgresión sea la norma.
PCI: ¿Cómo ve el mismo
problema en el ámbito hispanoamericano, el europeo y el estadounidense?
Dr.
Atilio Alvarez: En Latinoamérica el panorama es similar. El tiempo libre de
nuestros jóvenes ha pasado a ser objeto de un mercado, a veces marginal, que
para lucrar necesita amontonar en número mayor al posible y rebajar todas la
calidades de atención al público, tratado como ganado desde la misma entrada de
los locales. El alcohol, la droga y la violencia, a veces ejercida por los mismos
custodios privados, es el común denominador.
Los
Estados Unidos tuvieron, en febrero de 2003, la tragedia de la disco “The Station”,
de West Warwick, Rhode Island, y actualizaron durísimamente todas las normas de
seguridad. La cumplen y las hacen cumplir.
PCI: Oímos hablar permanentemente
de los derechos del niño, inclusive hay un inciso en la Constitución de la
Ciudad de Buenos Aires que “garantiza” la seguridad de los menores. ¿Cree Ud.
que es posible “garantizar” la seguridad? En todo caso, de toda esta literatura
sobre derechos de los menores, ¿cuánto se lleva a la práctica y con qué
efectividad?
Dr.
Atilio Alvarez: Todas esas normas quedaron en mera declamación, al carecer de
conductas operativas en consecuencia. Es como si una ley, votada por unanimidad
dijera "Todos los niños tiene derecho a ser felices”, y nada más se
hiciera por ellos. El carácter hueco de estas declamaciones legislativas ha
quedado en evidencia, en este caso, por el sintomático silencio guardado por
las personas y organismos habitualmente recitadores de los derechos de los
niños, niñas, adolescentes y adolescentas. ¿Acaso no lo eran los muertos y
heridos? El primer cadáver que encontré en la Morgue esa mañana era de una
niñita de ocho años. ¿No regía para ella la Convención sobre los Derechos del
Niño?
PCI: Las familias de las
víctimas ¿tienen derecho a una indemnización? En tal caso, ¿quién debe hacerse
cargo de los costos que éstas supongan?
Dr.
Atilio Alvarez: Los demandados serán
todos los responsables, por acción u omisión. A las ocho de la mañana del
treinta y uno entregué en Comisaría al Sr. Fiscal el pedido de inhibición
general de bienes de todos, incluyendo las eventuales aseguradoras. El lunes a
primera hora hábil lo reiteré ante la Sra. Jueza.
Por
la magnitud del daño (cerca de doscientas muertes en plena juventud y ochocientos
afectados en distinto grado) las indemnizaciones y costas rondarán los
doscientos millones de pesos, que pagaremos con los impuestos.
Hay
que estar atentos a esto en los próximos presupuestos municipales, que incrementarán
alguna exacción a los ciudadanos para pagar la desidia de los funcionarios. Lo
correcto es que los pagos sean realizados con economías en gastos inútiles de
otras áreas.
Por
ejemplo: el primer renunciante, y primer responsable, Subsecretario López, se
dedicó a organizar la guardia urbana, suerte de milicia autonómica progresista,
y a uniformarla coquetamente de verde y negro. Desmontando ese mamarracho se
podrían pagar las indemnizaciones en algunos ejercicios.