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Patagones: a 9 años de la masacre, aún
no se sabe dónde está Junior
Sábado 28 de septiembre de 2013 |
Publicado en edición impresa
Tampoco se conoce el domicilio de sus
padres; ante la imposibilidad de ubicarlos, la Justicia desistió de citarlos a
declarar en la causa civil que estuvo paralizada durante seis años
Por Pablo Morosi | LA NACION
El aula de la escuela de Carmen de
Patagones donde se desató la tragedia. Foto: Archivo
LA PLATA.- La justicia federal de Bahía
Blanca dio por decaída la citación del autor de la denominada masacre de Carmen
de Patagones y de su familia por no haber podido, desde el 4 mayo de 2006 hasta
la fecha, dar con su paradero. La medida busca destrabar la parálisis en la que
se encuentran todas las causas civiles mediante las que las víctimas buscan
resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos.
A nueve años del episodio en el que un
adolescente de 15 años con el arma reglamentaria de su padre, agente de la
Prefectura Naval, mató a tres compañeros e hirió a otros cinco dentro del aula
de la escuela N° 202 Malvinas Argentinas en la que cursaban el primer año del
ciclo Polimodal, la mayor parte de las demandas civiles se hallan paralizadas
debido a la falta de notificación de Rafael Junior Solich -hoy de 24 años-, y
de sus padres Rafael Solich y Esther Pangue.
Después de vanos intentos de conseguir
esa notificación fehaciente, la jueza, que desde hace un año se encuentra a
cargo del caso como subrogante en el Juzgado Federal N° 2 de Bahía Blanca, Ana
María Araujo, dispuso resignar la búsqueda e iniciar la etapa de recolección de
pruebas y testimonios. Ya lo hizo en cuatro de un total de 13 demandas que
fueron acumuladas en ese juzgado por decisión de la Suprema Corte de Justicia
tras un engorroso conflicto de competencia.
La medida no sólo provoca asombro y
disgusto entre los familiares de las víctimas, sino que alimenta la inquietud
ante la falta de precisiones sobre la real situación en la que se encuentra el
joven. "Me genera nervios e impotencia que nos digan que no pueden
ubicarlo. Me parece que, a nueve años de aquella tragedia, es una falta de
respeto y denota o bien falta de voluntad del Estado o protección para esa
persona que tanto daño ha hecho", se quejó Claudia Kloster, madre de Pablo
Saldías, uno de los heridos dentro del salón.
En marzo de 2012, tras varios intentos
infructuosos, la Justicia fijó un plazo de cinco días para que la Fiscalía del
Estado bonaerense y los abogados de la Prefectura Naval activen la citación de
los terceros. El plazo venció y las cédulas de notificación siguieron
pendientes o volvieron rechazadas por no dar con los domicilios consignados.
Las trabas y obstáculos registrados
durante todo este tiempo para dar con el autor de la masacre y su familia
llaman la atención, ya que, por un lado, el padre de Junior sigue revistando en
forma activa en la delegación de Ensenada de la Prefectura, según confiaron
fuentes de esa fuerza que pidieron reserva. No obstante, LA NACION no obtuvo
respuesta del área de prensa del Ministerio de Seguridad -consultada en
reiteradas oportunidades desde hace casi un mes- sobre la situación del agente
que en el momento del hecho tuvo como sanción 45 días de arresto y el retiro de
su arma reglamentaria.
El destino de Junior -que fue tutelado
hasta 2010 por el área de Niñez de la provincia de Buenos Aires- hoy se sigue
desde el Juzgado de Familia N° 4 de La Plata, a cargo de la jueza Silvia
Mendilaharzo, donde tramita una causa abierta en 2010 -cuando Junior cumplió 21
años-, que tiene carácter "reservado". Según ratificaron fuentes
judiciales, desde allí se realiza una estricta "supervisión de la
internación del joven y el tratamiento psicológico de sus padres".
Para Marisa Santa Cruz, madre de
Federico Ponce, que junto con Sandra Núñez y Evangelina Miranda murieron
alcanzados por las balas, "no hubo interés en buscarlo, siempre lo
protegieron; quizás uno podría entender que hubo un problema de organización,
pero acá, sobre todo, hay una actitud de dilatar de parte de quienes deben
asumir su responsabilidad que son los Estados nacional y provincial".
La sola insinuación de que Junior
pudiera estar libre genera zozobra entre todos los afectados por el caso. Años
atrás, una de las chicas del curso -cuya identidad se reserva por expreso
pedido- dice haberse cruzado con Juniors por la calle en La Plata. Tras el
fugaz encuentro, sufrió ataques de pánico y tuvo que retomar un tratamiento
psicológico que había dejado atrás.
En las causas por daños y perjuicios,
los abogados de las víctimas y sus familiares demandaron a la Prefectura Naval
y a la Dirección General de Escuelas y Cultura bonaerense, de la que dependía
la escuela donde ocurrió el hecho, por un monto global que en concepto de
resarcimientos ronda los 12 millones de pesos, a lo que al momento del fallo
deberán sumarse los intereses correspondientes por el tiempo transcurrido.
Los abogados de los Estados nacional y
bonaerense rechazaron de plano su responsabilidad en los hechos y pidieron
incluir a los Solich con la figura de "terceros", que, según el
Código Procesal Civil y Comercial, son quienes poseen responsabilidad en los
hechos, pese a no haber sido demandados por los actores. Hasta que todas las
partes, incluidos los terceros no son notificados, los juicios no avanzan..
